Las personas afectadas denunciaron que se encontraban en una reunión en el taller de costura denominado Bowe Najativo, cuando los efectivos llegaron al lugar y sin mayor explicación, los desalojaron y arrestaron.
Por Adriana Esquivel y Patricia Mayoría
Chihuahua, 13 de agosto (Raíchali).- Cerca de 50 mujeres, hombres, niños y niñas rarámuri, fueron detenidas este jueves en la comunidad de Bosques de San Elías Repechique por agentes del Ministerio Público de Creel y de la Policía Estatal.
Las personas afectadas denunciaron que se encontraban en una reunión en el taller de costura denominado Bowe Najativo, cuando los efectivos llegaron al lugar y sin mayor explicación, los desalojaron y arrestaron.
Desde el 13 de julio, la comunidad externó su preocupación por la intimidación y acoso de la que eran víctimas, pues, en dos ocasiones, la policía había acudido al lugar para clausurar la obra del taller, un proyecto financiado por el fideicomiso de reparación del daño por la construcción del Aeropuerto Internacional de Creel.
El fideicomiso se creó por mandato judicial a finales del 2016, luego de que el Juzgado Octavo de Distrito determinó que a la comunidad indígena se le violó el derecho a una consulta libre e informada para aprobar la construcción del aeropuerto durante la administración de César Duarte.
Para el funcionamiento del fideicomiso, se presentaron varios proyectos en beneficio de la comunidad, entre ellos el taller de costura que está en construcción.
El problema con la obra inició cuando un abogado de quien se dice dueño del terreno, denunció ante la Fiscalía General del Estado que la obra se construyó de manera irregular, pues ellos cuentan con los papeles de propiedad.
La activista Diana Villalobos, quien también fue detenida este día, informó que ni las autoridades rarámuri, ni las integrantes de la asociación Consultoría Técnica Comunitaria, la cual apoya a la comunidad en su lucha por el reconocimiento de su territorio ancestral, han visto una copia de la demanda.
“Subieron a todos los que estábamos en el salón. Vamos como 50 personas al Ministerio Público en el municipio de Bocoyna. Llegaron, acordonaron el salón y nos detuvieron a todos sin presentar ningún papel, no nos han querido ni dar copia de la demanda”, lamentó.
Las personas detenidas caminaron escoltadas por los agentes estatales, hasta el Ministerio Público de Creel, para conocer el motivo de la detención.
MÁS DENUNCIAS CONTRA REPECHIQUE
La comunidad de Bosques San Elías Repechique ha enfrentado otras demandas por parte de particulares que han comprado 12 predios que son parte del territorio ancestral, y que fueron adquiridos cuando los indígenas ya vivían ahí.
En el 2018, los particulares interpusieron dos demandas ante la entonces Procuraduría General de la República, por falsedad de declaración y “por no existir”.
Los demandantes solicitaron además un peritaje. Una vez que los agentes viajaron a la comunidad para comprobar la existencia de los pobladores, las demandas se archivaron.
La demanda interpuesta este año ante la Fiscalía Zona Occidente y por la que hoy fueron retenidos, es contra la integrante de Bosques San Elías Repechique, Teresa González Parral, no es contra toda la comunidad, situación que es un acto de intimidación, de acuerdo con la organización Consultoría Técnica Comunitaria (Contec), asesora jurídica de los pobladores indígenas.
Teresa González ya respondió la demanda ante el Ministerio Público. Les entregó la sentencia que ganaron contra la construcción del aeropuerto de Creel, por falta de consulta.
En ese documento, el Juez Octavo de Distrito, Ignacio Cuenca Zamora, determinó que hubo comunidades afectadas con la construcción porque obstruyeron veredas, destruyeron aguajes y plantas medicinales, afectaron su bosque.
Como reparación del daño, el Juez ordenó la creación de un fideicomiso por 65 millones de pesos para proyectos comunales que permitieran resarcir las afectaciones. Del fideicomiso tienen conocimiento todas las autoridades.
Uno de esos proyectos es el taller de costura que hoy volvió a ser clausurado, casi a punto de concluir su construcción. Ese proyecto fue avalado además, por cuatro secretarías del gobierno estatal: Hacienda, Innovación y Desarrollo Económico, Desarrollo Municipal y la Secretaría General de Gobierno.
Todos ellos tienen la sentencia del juez, en la que se encuentra un mapa definido del territorio ancestral de la comunidad, que está reconocida por el juez federal.
La comunidad, con ese antecedente, interpuso un amparo contra los particulares que compraron los predios, para defender por escrito, su derecho y reconocimiento a ese territorio.
Esa demanda se encuentra detenida en el Juzgado Décimo de Distrito, ya que la juez la desechó y la comunidad impugnó. Justo cuando debía pasar a una segunda instancia, ante un Tribunal Colegiado, la pandemia paralizó la actividad judicial.
“El procedimiento inició en 2018. No ha terminado. La comunidad solicita la titulación y la cancelación de escrituras de particulares. La Juez resolvió que no entraba al fondo, pero dice que no le da el amparo a la comunidad, se presentó solicitud para que el Colegiado revise la sentencia y se pretende que la revise la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque inicialmente ordenó a la juez Décimo de Distrito, que entrara al fondo”, detalló Diana Villalobos.
Bosques San Elías Repechique tiene pendiente también una auditoría que solicitó, para el proyecto de un salón de usos múltiples, que generó un conflicto interno por el manejo de recursos por parte de quienes estaban a cargo de las finanzas de ese proyecto.
Luis Enrique Pérez, segundo gobernador de Bosques San Elías Repechique, recapitula que los proyectos del Fideicomiso se hicieron en 2017. Planearon y construyeron un salón de usos múltiples y lo aprobó el Comité Técnico, que está conformado por cuatro miembros de la comunidad y cuatro del Gobierno de Chihuahua.
“Esas ocho aprobaron el proyecto, comenzamos a trabajar como en marzo de 2017. Se entregó un millón 300 mil pesos”, dice Luis, quien era parte de ese comité pero por un conflicto interno y por amenazas, decidió ceder su puesto.
Nombraron a otros cuatro integrantes de la comunidad y posteriormente, el Comité aprobó otro recurso para continuar la construcción y hasta ahora no se ha informado qué pasó con esa segunda partida, desconocen si aún hay recursos o no para el proyecto. Por ese motivo, solicitaron la auditoría.
La Secretaria de la Función Pública, Mónica Vargas, informó que la auditoría se retrasó también por la pandemia de COVID-19, ya que estaba programada para iniciarla en marzo o abril. Planean iniciarla este mes de agosto.
En el proyecto del taller de costura, trabajan en la parte administrativa para transparentar la aplicación de los recursos destinados a esa obra.
Otros proyectos del fideicomiso son para dar un apoyo mensual a personas con discapacidad y a adultos mayores. Una parte la destinaron de manera extraordinaria, a apoyar alrededor de 220 familias durante la pandemia de COVID-19.
Planean además la construcción de una casa comunal para hacer reuniones comunitarias, talleres y para que la gente que llega de lejos, pueda quedarse ahí.
Uno más, es una huerta de manzanas en la ranchería Ratuivo, proyecto que ya han avanzado y se presentará en la próxima reunión del Comité Técnico. Ahí trabajarían alrededor de 20 personas y será un espacio para todos, detalla Luis Pérez.
“LO SOÑAMOS MUY BONITO”
“Venimos entrando a la casa-taller de costura. Se llama Bowe Najativo, que significa seguir el camino. Éste es un pasillo de la entrada”, así inicia Teresa González Parra a un recorrido realizado por Raíchali en ese taller hace unas semanas.
De frente a la entrada dice: “Ahí en esta parte, queremos poner un altarcito. En esa parte de costura, todas las máquinas en ese lugar”, señala un cuarto a la izquierda.
Continúa el recorrido emocionada y orgullosa: “En esta parte, una bodega en donde se va a descargar toda la ropa que vamos a usar para el trabajo. Este lugar es la oficina. Este lado (al fondo) es la cocina”.
Los planes de las costureras rarámuri son comenzar con la elaboración de trajes tradicionales para la venta. “Si llegan más trabajos, queremos hacer sábanas, conseguir trabajos en hospitales hacer batas, cosas así. Primero estamos 12 personas, dos hombres y 10 mujeres son las costureras. Los 2 hombres serán vigilante y ayudante de material”.
Pero lamenta: “No quieren que construyamos aquí nuestra casa, que es de la comunidad. No quieren porque nos dicen que es de otro señor”.
Teresa González cuenta que después de que les clausuraron con sellos la construcción, respetaron unos días, pero pensaron bien y decidieron continuar.
“Nosotros somos los primeros que somos aquí. Nosotros no vivimos como los demás, vivimos cuidando todo el bosque, trabajando la tierra y haciendo quehaceres, cuidando nuestro hogar y no nomás como dicen (…) nosotros no compramos un terreno para estarnos nada más ahí. Nosotros cuidamos alrededor del territorio. Ellos compraron según el territorio, cuando ya existíamos aquí, pero ellos quiénes son, o qué”.
La mujer indígena confiesa que los constantes conflictos que han tenido para defender el medio ambiente, su territorio, les ha robado tranquilidad por años. “Pero aquí seguimos, resistiendo todo lo que nos ha causado: daños, tristezas. Ahora nos ha afectado mucho la forma de vida, de estar”.
Y sigue el recorrido:
“Aquí este salón es para niños chiquitos, como para guardería. Es para las señoras que tienen niños chiquitos. Aquí van a estar mientras las mamás trabajan. Ya pensamos contratar a alguien que esté pendiente de los niños. Ahí enseguida están los baños de los niños”.
Teresa comenta ilusionada que el taller es un sueño de toda la comunidad.
“Lo soñamos muy bonito. Las personas que platican, las señoras dicen que qué bueno que esta vez va a existir este taller. Las personas van a aprender mucho, a usar máquinas. Es un espacio para las señoras”.
Ahora, el taller de costura está en el limbo. Se solicitó información al área de comunicación social de la Fiscalía Zona Occidente sobre el caso, desde el 30 de julio, pero no ha dado respuesta.
